Barranquilla, 15 de agosto de 2019.- En la ciudad de Barranquilla, Soledad Santo Tomás, Campo de la Cruz, Polonuevo, Santa Lucía y Malambo las autoridades descubrieron y capturaron a un grupo de funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil que se dedicaban de manera fraudulenta a registrar documentos de identificación a venezolanos y cubanos con propósitos de fraude electoral, además de y vender documentación a extranjeros de otras nacionalidades como si de tratara de ciudadanos colombianos.

Entre los funcionarios las autoridades identificaron a Raúl Escobar quien se desempeñaba como Auxiliar De la registraduría de Barranquilla, a Donaldo Cabrera quien se identificaba como registrador en el municipio de Santa Lucía, a Jesús Antonio Zambrano de la Hoz, auxiliar de la registraduría de Malambo, Donaldo Rivera Acuña se desempeñaba en la registraduría del municipio de Polonuevo, Francisco Florián quien prestaba sus servicios como auxiliar de la registraduría de Santo Tomás y Moisés Jiménez quien fue registrador de el municipio de Campo de la Cruz.

A la Red que se le venía haciendo seguimiento luego de algunas denuncias que se presentaron a raíz de la queja de algunos venezolanos que señalaron que les venían pidiendo 170 mil pesos según afirmó una de las denunciantes, Pilín León, ex Miss Universo venezolana residente en Barranquilla y quien lidera una asociación para beneficiar a sus compatriotas, quien añadió que ese dinero era cobrado como inicial para la cita en la Registraduría que hacían a través de whatsapp. La investigación que había iniciado desde noviembre de 2016, solo hasta este momento da sus frutos luego de que más de 8.000 extranjeros al parecer han sido nacionalizados con cédulas falsas.

La captura estuvo a cargo de la Policía y del CTI de la Fiscalía, quienes afirmaron que de manera fraudulenta se vendían la documentación por parte de esta Red que habría entregado hasta este momento más de 8000 documentos de identificación, y nacionalidad a venezolanos y extranjeros cubanos, sirios, lituanos, chinos, entre otros, sin cumplir los requisitos fundamentales que sigue la Registraduría Nacional del Estado civil en Colombia

Esta Red nacionalizaba a estos extranjeros por altas sumas de dinero incluso hasta familias completas por valor de 6 millones de pesos, en algunos casos individuales pedían la suma de 2 millones de pesos, entregándoles no solo la cédula de ciudadanía sino un pasaporte original, de tal manera que en este asunto también estaría involucrada la oficina de pasaporte del departamento del Atlántico que depende de la gobernación del departamento.

Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico de migrantes falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. S tiene entendido que hay más gente vinculada a esta Red dentro de la Registraduría y fuera de ella.

Barranquilla, 16 de agosto de 2019.- El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez este viernes a primera hora de la mañana fue notificado en su oficina en el Congreso de la República de la fijación de fecha para la Audiencia por parte del magistrado César Augusto Reyes Medina que tiene a su cargo uno de los procesos en su contra. Es así como la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fijó como fecha para ser escuchado por primera vez el día 8 de octubre de 2019.

Se trata del proceso número 11001 02 04 000 2018 004 05 00 en el que es acusado de presunto fraude procesal y soborno, a raíz de que el Ex Presidente en su derecho legítimo a la defensa accediera a los ofrecimientos de testigos que querían aportar al caso. Para esta audiencia la Sala de Instrucción fijó la práctica de pruebas que iniciará mediante Audiencia citada para las 8:00 de la mañana en la que el exmandatario deberá presentarse acompañado de su abogado.

El Ex Presidente enfrenta dos procesos ante la Corte Suprema de Justicia, el de las 21 mil chuzadas ilegales que le hicieron desde la misma Corte en las que está denunciada una persona del CTI, por la alteración de los audios en que se cambia automáticamente el sentido de lo que realmente se expresa, en la que Uribe reiteró que “lo importante de esas 21 mil interceptaciones es lo de fondo, lo material, lo concreto, en la que no hay una sola palabra suya que viole la ley”, argumentó Uribe.

Y el segundo proceso en 2012 en el que se denuncia al senador Iván Cepeda, y la Corte le da un inhibitorio, esto es, lo sacan en limpio y le abren una investigación al exmandatario, expediente al que se le adjunto en el 2014 declaraciones por escrito tomadas debidamente registrados, y no pasa nada, denunció Uribe nuevamente esta semana que termina.

http://https://www.costanoticias.com/uribe-enfrenta-en-medios-la-encarnizada-persecucion-amangualada-de-tres-sectores/

Barranquilla, 16 de agosto de 2019.- Parece una realidad, que los barranquilleros demos por terminada la concesión del aseo, con la empresa Aseo Técnico de una manera planificada y ordenada para evitar nos suceda lo mismo que sucedió en Bogotá con la terminación del aseo en esa ciudad con los concesionarios que tenían en sus manos ese negocio. Como la decisión del alcalde Gustavo Petro fue acelerada, no previó que los concesionarios lo podían sabotear ante la falta de equipos disponibles para atender cualquier emergencia, tal como sucedió que faltando una semana para entregar el contrato, dejaron en varios sectores de Bogotá de recoger la basura, por una parte y por la otra muchos vehículos dañados, lo que le tocó a la administración Petro improvisar para recoger la basura, valiéndose de ese hecho algunos medios de comunicación le cayeron encima e igualmente la Procuraduría para sancionarlo.

Esa experiencia de Bogotá, debe servirnos para que en Barranquilla no pase lo mismo. Nos enfrentamos a un contratista poderoso, el mismo que tuvo que enfrentar Petro. Hoy de pronto con más fuerza política por ser una persona muy cercana al Senador Álvaro Uribe Vélez y está gobernando el Centro Democrático.

Estamos seguros que al actual gerente Guillermo Peña Bernal,  recibirá todo tipo de presión, al igual que la directora de la SAE y los miembros de junta directiva incluyendo al alcalde Alex Char, para que continúen con el concesionario actual Aseo Técnico. La presión vendrá de varios frentes: el alto gobierno, los dirigentes gremiales, senadores y representantes.

Desde hace varios años, venimos bregando con nuestros escritos la terminación de esta concesión. Se lo  solicitamos al alcalde Alex Char, en el año 2018, antes de que se venciera la concesión el 17 de noviembre de ese año. Rechazamos la decisión de la Asamblea y Junta directiva de la Triple A, en el mes de octubre del 2018, cuando asumió el manejo de la empresa la SAE, nombrando como gerente a un funcionario de la Triple A, en cierta forma implicado en los manejos turbios del señor Ramón Navarro, al ampliar el contrato de concesión por un año más. Ante esa decisión en una reunión que sostuvimos con la Directora de la SAE y, el nuevo gerente Guillermo Peña, en el Hotel Barranquilla Plaza insistimos nuevamente en el tema, de la necesidad y conveniencia para la ciudad de que la Triple A, asumiera directamente el manejo del aseo en el Distrito de Barranquilla. En vista que no se decidía nada al respecto, decidí volver a solicitar la terminación de la concesión en un escrito publicado en Rueda La Prensa de mayo 24 de 2.019.

 En ese artículo decía lo siguiente: “El contrato del Aseo, debe terminarse el 17 de noviembre de este año. La Triple A, está en capacidad de prestarlo NO tiene porque contratar a un tercero. Los ingresos del operador privado en el último año fueron de $40.360 millones, y en la vida del contrato le han pagado $496.359 millones. Es bueno aclarar que la Triple A, hoy atiende aproximadamente el 40%, del servicio de Aseo. Esos recursos deben ser manejados por la empresa, lo que significará mayores utilidades y por ende más recursos para invertir en los distintos servicios que presta la empresa.”

Igualmente en marzo 22 de 2019, le hice llegar un derecho de petición al gerente de la Triple A, solicitándole varios documentos entre ellos los relacionados con el contrato de concesión con la firma Aseo Técnico.

Es bueno recordar que la Firma Aseo Técnico fue constituida mediante escritura pública No 1326 del 26 de abril de 1.994, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 27 de junio de 1.994, y el 5 de julio de 1.994, Joaquín Malabeth como gerente de la Triple A, firma el contrato de concesión  No 00079, con el ingeniero eléctrico William Vélez Sierra como representante legal de Aseo Técnico, empresa sin experiencia al ser creada dos meses y nueve días antes de la firma de la concesión.Situación similar se dio cuando contrataron la asistencia técnica con la empresa Inassa. La constituyeron el mismo día que le adjudicaron el contrato (ver Cronología de cómo los españoles se apropiaron de la Triple A con la sola inversión de un millón de pesos. Rueda La Prensa-Noticosta).

El primero de marzo de 1.999, se firmó otro sí del contrato No 00079, fijando la duración de la concesión por siete (7) años, finalizando el  17 de noviembre de 2006.

El 10 de diciembre de 2.004, se firma el otro sí No 3, del contrato No 00079, el cual consiste en ampliar el término de la concesión en 12 años, a partir de la terminación fijada en la modificación No 2, lo que implica que la concesión se debería terminar el 17 de noviembre de 2.018.Ese año la concesión fue prorrogada por la SAE, por un año más. Recientemente en junta directiva se decidió prorrogar la concesión hasta el mes de febrero de 2.020.

De acuerdo a este relato, se nota que desde el año 1.994, cuando se adjudicó la concesión, esta se ha venido modificando por las distintas administraciones hasta febrero del 2020.

Administración  de la Triple A  decide terminar concesión del aseo.

El aseo urbano, es un excelente negocio. Las cifras que maneja son interesantes. Nada hacemos con entregarle esas utilidades a un tercero, cuando la empresa tiene la experiencia adecuada para poder prestar ese servicio con eficiencia. Las utilidades que genera el aseo deben quedarse en la empresa, para con esos recursos poder realizar las inversiones que se necesitan desarrollar para prestar un servicio más eficiente al que viene prestando.

Entiendo que en la última junta directiva y en un Comité creado para estudiar el tema de la concesión del Aseo, se tomó la sabia decisión de no volver a prorrogar la concesión vigente hasta febrero de 2020. Esa es una decisión que debe ser apoyada por todos lo barranquilleros. Esta decisión cuenta  según nos informaron con el beneplácito del alcalde Alex Char, la junta directiva de la empresa, la dirección de la SAE , el Sindicato de la Empresa y todos sus empleados..

Hay que destacar, que esa decisión ha sido liderada por el gerente Guillermo Peña Bernal, fundamentada con información financiera y técnica sustentable que demuestra que ese servicio debe estar en manos de la Triple A. Por supuesto que el gerente ha contado con el total respaldo de la SAE, de su junta directiva y del Sindicato de la empresa y sus trabajadores. Se han tomado todas las precauciones necesarias para cuando se reciba la concesión se empiece a prestar el servicio con los equipos y el personal disponible. Estamos seguros que el doctor Guillermo Peña, no se amillara ante las presiones que viene recibiendo para que cambie de decisión.

Tenga la seguridad señor gerente, que mientras usted como barranquillero que es ,siga pensando en el bienestar de la ciudad todos lo vamos a respaldar empezando por los distintos medios de comunicación, la academia, los sindicatos  y por supuesto de todos los Atlanticenses. No sé qué dirán los señores del Intergremial del Atlántico, quienes cohonestaron con los actos corruptos que se dieron en toda la historia de la Triple A.

Igualmente sigo insistiendo en que el gerente, la SAE y el alcalde Alex Char, deben convocar al Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Barranquilla, para dar por terminado de común acuerdo el contrato de “Gestión Empresarial” a partir de noviembre del año 2.018. Esto es necesario, para salvar el futuro de la empresa. No tenemos porqué esperar el fallo de los jueces sobre este conflicto, que incluso es internacional y no sabemos cuánto tiempo durará.

Hoy la empresa registra contablemente el ingreso del 4.5%, de lo recaudado como si fuera ingreso corriente de la Triple A, al estar suspendido su pago por parte de la Procuraduría. Procedimiento que consideramos ilegal, lo que desvirtúa la realidad de los estados financieros.

Con relación al desfalco del señor Ramón Navarro, es pedir al juez que tiene el caso, que acelere el proceso para que a finales de este año, tengamos claridad del monto y los implicados en ese desfalco. Recuerden que de esa plata el 14.5%, es de los barranquilleros, ya que ese robo disminuyó las utilidades y por ende, nuestros ingresos. No piensen que ese robó no nos afecta, como también nos afecta el 4.5% que pagamos por “Gestión Empresarial”.

Barranquilla, 16 de agosto de 2019.- Triple A asume el manejo directo de la totalidad de la  recolección y el transporte de residuos del servicio de aseo en el Distrito de Barranquilla desde el 2020. De la misma manera, que lo ha venido realizando por más de 25 años en la ciudad, y a partir del año 1997 en los municipios de Puerto Colombia, Sabanalarga, Galapa, los corregimientos de Martillo y La Retirada de Ponedera y la zona costera de Tubará.

Es así como Triple A optimiza su operación de aseo asegurándole a los usuarios más bienestar, calidad y continuidad en el servicio, con compromiso y experticia.

“Hemos venido trabajando en una estrategia para asumir directamente la totalidad de la operación de recolección y transporte de aseo; tal y como lo hacemos en los demás municipios. Ahora, el paso lógico y natural es operar el 100% del aseo en Barranquilla, necesario para culminar este plan. En Triple A continuamos apostándole a mejorar los rendimientos de la empresa, por lo que trabajamos en proyectos que nos fortalecen, no sólo como compañía, sino a nuestra gente, a la comunidad y a la región”, destacó Guillermo Peña, gerente general de Triple A.

Triple A, expertos en planeación estratégica y logística

Actualmente, el equipo interno de Triple A, es el responsable y quien lidera la planeación estratégica y toda la interventoría de los procesos de recolección y transporte de residuos en Barranquilla.

Es decir, que es el corazón que mantiene funcionando efectivamente el servicio de barrido, recolección y transporte. El ruteo inteligente, la estructuración de personal, estrategia y la logística para asegurar el buen servicio y calidad, es coordinado por el equipo in-house de Triple A.

“Continuaremos operando de la misma manera y ofreciendo un servicio de excelente calidad. El servicio de aseo es reconocido actualmente como uno de los mejores del país a través de los estudios de ‘Barranquilla y Colombia Cómo Vamos’ con la satisfacción de más de 2 millones de usuarios”, comentó Peña.

Barranquilla, 16 de agosto de 2019.- Ante la Plenaria de la Cámara de Representantes del Congreso de la República se presentó, votó y avaló la proposición que crea la Comisión Accidental Contra la Corrupción. Según el representante a la Cámara David Racero, precursor de esta iniciativa, esta Comisión tendrá como propósito principal: “hacer seguimiento a los Proyectos de Ley y Acuerdos Legislativos que tengan como consigna atacar las dinámicas de corrupción en el país, con el fin de que el Congreso no vuelva a defraudar a los colombianos dejando hundir los proyectos que buscan acabar de manera directa con la corrupción”.

Además, esta Comisión realizará las siguientes actividades:

1. Presentar informes sobre el estado de los proyectos anticorrupción a la plenaria de la Cámara de Representantes y a la ciudadanía general.
2. Realizar propuestas, recomendaciones y alertas a las Comisiones o a las plenarias en donde cursen los proyectos anticorrupción
3. Desarrollar interlocución permanente con entidades expertas, tales como Organizaciones no Gubernamentales y entidades territoriales, entre otras, con el fin de diseñar estrategias para avanzar en temas anticorrupción.
4. Realizar actividades de socialización, por medio de audiencias públicas, u otros medios de interacción que informen y permitan a la ciudadanía hacer observaciones sobre la materia.
5. Hacer seguimiento y desarrollar investigaciones sobre casos de corrupción que la ciudadanía remita, o que la Comisión de oficio considere pertinente investigar.
6. Tramitar las denuncias que haya ante los entes de control, o ante la Fiscalía General de la Nación y las investigaciones propias de la Comisión.

Barranquilla, 16 de agosto de 2019.- Barranquilla le está dando ‘la cara’ a sus cuerpos de agua. Los ciudadanos han entendido la importancia de recuperar el Río Magdalena, el mar, las ciénagas y los caños, para la transformación y desarrollo de la ciudad. Por ello, el candidato Jaime Pumarejo Heins proyecta en uno de sus ejes del plan de gobierno el impulso del turismo sostenible y responsable con el medio ambiente.

“Tenemos que aprender a conservar, contemplar y cuidar el agua que rodea a Barranquilla, de la cual vivió durante tantos años y últimamente le hemos dado la espalda. Entender que es una fuente de riqueza y todo el mundo debe venir a Barranquilla a disfrutar de esta naturaleza que nosotros tenemos y que otros carecen”, explicó el aspirante.

El candidato ha ideado distintos proyectos en diferentes sectores de la ciudad que impulsarán el turismo a nivel nacional e internacional.

CIÉNAGA DE MALLORQUÍN:
La pesca artesanal que desarrollaban los habitantes del corregimiento La Playa en la Ciénega de Mallorquín fue por mucho tiempo el principal ingreso económico para estas familias ‘playeras’. Sin embargo, la creciente contaminación de este cuerpo de agua afectó la calidad del líquido y el estado de los peces, disminuyendo la venta y la economía de los habitantes.

Ante esto, el primer proceso que se realizará será el saneamiento básico de la ciénaga para impulsar la pesca. El sector cercano a esta ciénaga tendrá, además, un ecoparque turístico, estructuras palafíticas, senderos con miradores y ciclovías.

El candidato explicó que con el proceso de saneamiento básico se busca “desviar las aguas residuales que hoy llegan a la ciénaga para que vayan a una planta de tratamiento y después verterlas al Río Magdalena”. Añadió que promoverá la dignificación y tecnificación de la pesca, dándole a los pescadores “capacitación y capital semilla para que ellos, mediante mecanismos tecnificados de siembra de alevinos, puedan mantener la tradición viva, pero con mejores ingresos”, dijo.
Asimismo, se implementará un sistema de vigilancia y conservación de manglares, especialmente en la Ciénaga de Mallorquín donde hay un alto riesgo de desaparición por tala indebida.

José Retamozo Navarro reconoció la importancia de que este proyecto de turismo sostenible se desarrolle en la ciénaga de Mallorquín, lo que impulsará la economía del sector.

“Nosotros creceríamos económicamente porque volvería la pesca y llegarían los deportes acuáticos. Se le está dando vida a este sector y es lo que necesitamos, que se renueve para que los barranquilleros y la gente del país se acerque a este pedacito de Barranquilla”, indicó.

El candidato Jaime Pumarejo Heins expone que la ciudad tiene playa urbana y asegura que trabajará para mejorar la calidad del sector de Puerto Mocho para que los barranquilleros “disfruten esta playa y no tengan necesidad de ir a otras ciudades”. Asegura que, así como se devolvió a Barranquilla el Río, se devolverá el mar a la ciudad.

“El propósito es llevar a Puerto Mocho los servicios públicos, organizar y acompañar a los vendedores que viven ahí informalmente, recuperar el tren turístico de Las Flores y ayudar con diversas capacitaciones para que se presten servicios no solo de restaurantes y comedor, sino para hacer deportes de vela y de remo en la ciénaga y en Puerto Mocho. Queremos recuperar nuestra playa y que el impulso venga del turismo”, explicó.

ISLA SALAMANCA: 

Recorrer el Río Magdalena y adentrarse al Parque Isla Salamanca saliendo desde el Gran Malecón del Río en lancha será uno de los planes que podrá realizar cualquier turista nacional e internacional que visite Barranquilla. Conocer las especies de mangles, contemplar el avistamiento de aves y refrescarse en medio del camino con agua de coco o comida típica se convertirá en el plan favorito para todas las familias.
“Lo que queremos es que la gente pueda disfrutar uno de los parques naturales más grandes de Colombia y uno de los más hermosos del país”. El candidato señaló que desde la ciénaga El Torno, dentro de Isla Salamanca, “podrán apreciar el Mar Caribe y tener una panorámica de la ciudad”.

Con este proyecto, se apoyarán a asociaciones para que ofrezcan paquetes turísticos de calidad y con excelentes servicios. El objetivo será promover el ecoturismo y generar empleo.

“Queremos que con este proyecto se impulse el empleo formal con la empresa de turismo. Buscamos un ingreso fijo para mejorar la calidad de vida de nuestras familias y poder tener un mejor futuro. Además, queremos trabajar para preservar la Isla”, dijo Dina Suarez, miembro de la asociación Asipesa.

Barranquilla, 17 de agosto de 2019.- La educación superior en el Atlántico, se viene fortaleciendo estos últimos días con la implementación de la sede sur de Uniatlántico en Suan y el inicio de las obras de la sede Sabanalarga, además de la firma protocolaria de la resolución 00021 de agosto de 2019, que oficializa la creación del programa de Medicina por el Consejo Académico de la institución.

El presidente del Consejo Superior del alma mater, en cabeza del gobernador, y el rector de la Universidad, Carlos Prasca, vienen a implementar una iniciativa, proyectada por el ex rector Ubaldo Enrique Meza, en la que Prasca desengavetó y continuó su trámite con la solicitud de aprobación del registro calificado ante el Ministerio de Educación, para que este sea ofertado ante la comunidad estudiantil del departamento.

La solicitud del registro calificado se realiza en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES), presentando todos los documentos requeridos. Una vez radicada la solicitud se surten varias etapas previas a su aprobación, entre ellas el envío de los documentos para su estudio por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para que emita un concepto favorable sobre la pertinencia del programa.

Contar con la Acreditación Institucional de Alta Calidad permite acelerar el proceso de aprobación del Ministerio de Educación Nacional, además de que ya la Universidad cuenta con un alto porcentaje de materias que ya ofrece en otras facultades Química y Farmacia, Nutrición y Dietética y un doctorado en Medicina Tropical. Se cree que en unos seis meses el Mineducación le dé su aprobación, dijo el Gobernador.

Agregó que este programa llenará un vacío en el Caribe en la oferta de ciencias de la salud.

La matrícula para los estudiantes de Medicina de Universidad del Atlántico se tasará con los mismos lineamientos de los otros programas existentes de la universidad. Se estima que el primer semestre se inicie con 50 estudiantes, incluidos los cupos con criterios diferenciales para diversas poblaciones.

La Universidad ya ha adelantado la gestión de convenios o contratos con clínicas del departamento, así como el alquiler de anfiteatros para cubrir las necesidades del programa de Medicina donde serán formados los futuros médicos del Atlántico y del Caribe, resaltó el rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca.

El funcionario indicó que la Unitlántico en su nueva sede de Sabanalarga también ofrecerá programas que por primera cuenta la institución, tales como Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agroindustrial y Piscicultura.

“La universidad avanza igualmente en procesos para brindar nuevos programas dirigidos al campo de la tecnologías de la información, por lo cual esperamos tener facultades como Ingeniería en Diseño de Software de Entretenimiento Digital, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Gas y Petróleo, es decir, una oferta académica que le apueste a las características y requerimientos de nuestra región”, dijo.

Cabe recordar que en el año 2000, el Consejo Académico de la universidad había entregado un primer aval para abrir el programa de Medicina, sin embargo, no se materializó dicha oferta. “Estamos optimistas frente al tiempo que se tomará la aprobación del registro calificado, teniendo en cuenta la nueva normatividad expedida por el Ministerio de Educación para simplificar el trámite”, agregó Pasca.

Sin duda alguna, una de las principales lacras que no deja crecer la economía en nuestro país es la generalizada corrupción que nos tiene invadidos. La ausencia de herramientas e instrumentos con dientes, tiene a los órganos de control fiscal, disciplinario y judicial, con las manos maniatadas.

La función preventiva que ha propuesto el Contralor General de República, Carlos Felipe Córdoba, a través de un proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso de la República, es una iniciativa de la mayor importancia que seguramente va a evitar en el futuro inmediato que se sigan adjudicando contratos públicos a dedo, sin los requisitos plenos y garantía de transparencia en el proceso de adjudicación. Y por supuesto, va a evitar futuros despilfarros, sobrecostos en las obras de concesión y varias demandas económicas contra el Estado.

Esta es una iniciativa que no debería tener ningún tipo de oposición o critica de ningún sector político ni gremial. Hay que dejar de tenerle miedo al control preventivo si se están haciendo bien las cosas. Hay que romper el paradigma de que, si hay más control, habrá menos descentralización funcional. Esa es pura carreta barata de quienes pretenden seguir manipulando y controlando las convocatorias y licitaciones públicas en este país. Dicen por ahí, que ¨cuando uno se roba algo, ve policías por todos lados¨.

Se trata de ejercer un control fiscal preventivo cuando existan sospechas de alto riesgos en procesos de adjudicación y ejecución de contratos públicos. ¿Se imaginan los billones de pesos que se habría ahorrado el Estado en los últimos cuatro años, si la Corte Constitucional no le hubiese quitado este mecanismo de control preventivo y advertencia en los procesos licitatorios y adjudicación en los contratos públicos? Reficar, Odebrech, PAE, Fuerzas Militares, JEP, Unidad de Víctimas, Rama Judicial, Regalías, Vive Digital (Fonade), Banco Agrario y la Vía de la Prosperidad en el Magdalena, entre otros, serían otro cuento.

Además de lo anterior, este proyecto -que va para séptimo debate en el Congreso- busca unificar la competencia que tiene la Contraloría General de la República, con las contralorías territoriales, que hoy funcionan autónomamente. Hace unos años, el ex contralor Edgardo Maya Villazon, había propuesto suprimir las 63 contralorías regionales y unificar la función del control fiscal del Estado en una única Contraloría General, que asuma la vigilancia fiscal y la auditoría sobre los recursos públicos de todos los niveles territoriales.

Los altos costos operativos y la ineficiencia en los procesos justifican esta medida. Mientras las contralorías territoriales se gastan alrededor de $400.000 millones para auditar unos $63 billones al año, la CGR, con un poco más de recursos, hace vigilancia y control sobre unos $600 billones en todo el territorio nacional.

Con esta reforma, la CGR busca también, trabajar de forma coordinada con la Auditoría General para crear el Sistema Nacional de Control Fiscal y desarrollar políticas públicas sobre esta materia.

Si el Congreso de la República quiere recuperar la confianza de los colombianos y dar verdaderas muestras de lucha contra la corrupción, debe aprobar sin dilataciones esta importante iniciativa del Contralor, Carlos Felipe Córdoba. A la corrupción, igual que a la salud, hay que prevenirla y no curarla.

La estigmatización y el desprestigio del adversario son un recurso fácil en la confrontación política, cuando desborda el ámbito de las ideas y cae a los círculos infernales del poder al servicio de protervos intereses. No en vano, Maquiavelo le aconsejaba al príncipe que nunca intentará ganar por la fuerza lo que pudiera lograr por la mentira

Escribiendo estas líneas me entero de que la Corte Suprema, tras negar la nulidad de la investigación contra Álvaro Uribe por la profusión de pruebas viciadas –interceptaciones “por error”, audios manipulados y testigos que se desdicen– lo llamó formalmente a indagatoria, un caso emblemático de “la narrativa”, entendida como la reinterpretación de la realidad a través del prisma distorsionado de intereses mezquinos, con la efectividad que anotaba el florentino cuando es utilizada como arma política.

Las acusaciones contra Uribe, muchas y de vieja data, desde todos los sectores del espectro político, surgen de la narrativa que sus adversarios han construido alrededor de sus ejecutorias, sus planteamientos y su realidad misma. Como ejemplos: Seguridad Democrática = guerrerista; ganadero = terrateniente y paramilitar; Ley de Justicia y Paz = favorecimiento paramilitar.

Muchas de esas narrativas han derivado en causas judiciales por cuenta de enemigos de oficio, como la izquierda; de adversarios políticos, como el “santismo”, y de columnistas sesgados, cegados y obsesivos, como…

Es la receta aplicada a ministros y funcionarios del gobierno Uribe, y a miembros del Centro Democrático: narrativa que se lleva a causa judicial; causa que llega a condena y, por ese camino, a verdad judicial; verdad judicial que se convierte en historia oficial. Empezamos en narrativas estigmatizantes; terminamos en “la historia”, irrebatible, incontrovertible.

Las negociaciones de Santos con las Farc, incorporaron elementos para que su narrativa se convirtiera también en historia oficial. Todavía me pregunto por la verdad que pueda contar la Comisión, o por la historia que se escriba a partir de la verdad judicial de la JEP, frente a la realidad de criminalidad y violencia de las Farc.

Quienes fuimos reseñados como “enemigos de la paz”, nos atrevimos a disentir y defendimos el NO, además de persecución institucional, como el caso de FEDEGÁN, y de la persecución judicial, hemos sido objeto de difamación a través de la narrativa estigmatizante, ensañada contra el CD con dos objetivos: bloquear la gobernabilidad de Duque y tender cortinas de humo frente a la corrupción que hoy escandaliza al país.

Es una estrategia persistente, apuntalada por Santos y sus alfiles con particular intensidad en los últimos meses. El 10 de agosto, en El País de Madrid, Santos, el estigmatizador de medio país, afirma con cinismo que “Asesinar la reputación y la credibilidad de sus enemigos ha sido una táctica de la extrema derecha”.

Tres días después, el mismo diario publica otro artículo que califica al uribismo como “una minoría radical que amenaza las instituciones y la democracia misma en el país suramericano”.

En febrero, De la Calle, lanza “Revelaciones al final de una guerra”, y en marzo, Santos compila su narrativa en “La batalla por la paz”. En junio, León Valencia la emprende contra Duque y el CD en “El regreso del uribismo”; y en agosto, Cristo y Rivera atacan con “Disparos a la paz”, con evidente intención detractora.

Se sigue construyendo una narrativa contra el Centro Democrático, que debemos contrarrestar mediante un ejercicio asertivo que difunda nuestros principios y posiciones frente a la realidad nacional, y denuncie los atropellos contra el CD y sus miembros.

Es nuestra responsabilidad con el futuro, para que las falsas narrativas no se conviertan en “la historia”.

Barranquilla, 17 de agosto de 2019.-  Cuando intentaba escapar y desobedecer las órdenes en la cárcel distrital El Bosque de Barranquilla a las 5:00 de la mañana de este sábado 17 de agosto cuando se realizaba el conteo de la mañana en el patio del centro de reclusión, fue dado de baja un interno de nacionalidad venezolana quien se encontraba recluido en el penal, acusado de homicidio.

Señaló la dirección de la cárcel que la reacción de la guardia ante el intento de escapatoria fue, inicialmente, hacer llamados de atención para que el interno no se lanzara de la pared por la que intentaba huir. Sin embargo, el sindicado continuó su intención de escapar, por lo que recibió un disparo que acabó con su vida.

El recluso respondía al nombre de Gregory Hernández Romero, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en la cárcel desde el pasado 15 de mayo, sindicado de homicidio.

“Es una vida humana la que se pierde y eso lo lamentamos. Estamos en el cumplimiento de nuestro deber en la cárcel distrital El Bosque. La intención de la guardia fue evitar el intento de escapatoria de este interno que hizo caso omiso a los llamados de la autoridad encargada del control y vigilancia del lugar. Adoptamos las medidas necesarias para velar por la seguridad en este centro carcelario”, indicó el director, el coronel en retiro Javier Arias.

Barranquilla, 17 de agosto de 2019.- Hace 20 años, el Banco Agrario germinó para ser un apoyo del campo colombiano. Hoy, con 784 oficinas en 754 municipios, representa el mayor respaldo para el sector rural.

Sus operaciones activas están dirigidas fundamentalmente a actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales y a entes territoriales.

Es, precisamente, en estas actividades en las que muchos colombianos han tenido ese respaldo, ese impulso que les cambió la vida.

Una de ellas es Angélica Giraldo, una valluna que cultiva maíz al lado de su familia en La Unión (Valle del Cauca); es pionera de ‘Agricultura por Contrato’, ya que fue la primera cliente a la que el Banco Agrario le giró un crédito dentro del programa ‘Coseche y Venda a la Fija’.

Angélica logró dos beneficios. El primero, tener los recursos para su cultivo de maíz y, el segundo, garantizó la venta de su cosecha a la empresa Agroinsumos. Esta valluna dice que espera continuar siendo beneficiaria de créditos, porque encontró que son muy favorables las condiciones de plazos y tasas de interés que ofrece.

Otro de los beneficiarios con los productos del Banco fue Luis Eduardo Guzmán, un cultivador de arroz en Venadillo (Tolima).

Guzmán logró acceder a un crédito a través de la nueva herramienta ‘MoviAgro’, que le permitió recibir una asesoría personalizada y un estudio de su crédito en su hogar, gracias a que el representante del Banco le ofreció los productos a través de una tablet.

Pero los casos de éxito no se limitan únicamente a personas. Ejemplo de ello es el del Molino de arroz Asozulia en Norte de Santander, el cual se construyó con el apoyo financiero de la entidad. Este proyecto es de gran impacto en la región, toda vez que beneficia a 860 productores de arroz, todos socios de este distrito de riego, quienes producen al año aproximadamente 120.000 toneladas de arroz paddy verde, en más de 9.000 hectáreas.

El apoyo del emprendimiento quedó plasmado en Yadira Ocampo, una ingeniera agrónoma que creó un negocio de lulo orgánico en el municipio de El Dovio (Valle), y con la ayuda financiera del Banco Agrario, a través de la oficina de Cartago, hoy no solo está sacando adelante su cultivo gracias a la venta del producto transformado, sino que genera empleo en esta apartada zona.

Yolanda Santacruz, entre tanto, obtuvo un crédito formal del Banco que la liberó del denominado ‘gota a gota’. Con el programa Ruta hacia la Bancarización, los representantes de la entidad visitaron plazas de mercado en el municipio de Lérida (Tolima), donde esta mujer se dedica, desde hace 30 años, a la venta de frutas y verduras.

Una confianza de antaño

Además de los casos de éxito, hay ejemplos de colombianos que se convirtieron en clientes fieles del Banco Agrario.

Pedro de Jesús Barón Puentes es cliente del Banco desde hace 20 años. En su finca El Olvido, en la vereda Santa Ana del municipio El Espino, Boyacá, tiene su empresa, Lácteos Cascajal, donde produce queso pera, doble crema y campesino.

Su vinculación se ha dado mediante cuenta de ahorros, cuenta corriente y 10 operaciones de crédito con montos que van desde los $5 millones hasta $160, y le han financiado compra de ganado, construcción de porquerizas, construcción y remodelación de su fábrica de lácteos y compra de vehículo para el transporte de los productos.

Socorro Daza Moreno, a su vez, lleva dos décadas como cliente del Banco. Esta auxiliar de enfermería, casada, con dos hijas y tres nietos, logró con su primer crédito en el Banco Agrario, hace 20 años, montar una farmacia que creció gracias al apalancamiento financiero de la institución y hoy en día es una de las droguerías más reconocidas de Belén en Boyacá.

Ha manejado 9 operaciones de crédito desde $10 millones hasta $90 millones, con los cuales dice haber podido montar su negocio, comprar un lote, construir su casa y dar educación superior a sus hijas.

Otro de los beneficiarios que se mantiene como cliente del Banco es John Monroy Silva, oriundo de San Gil (Santander), quien lleva 18 años con la institución.

Empezó trabajando con su padre en su finca cafetera, donde aprendió y se entusiasmó con la idea de tener su propia marca de café (Finca Pequeña).

Tomó sus primeras operaciones de crédito con el Banco Agrario, en compañía de su tío Hilarión Monroy, con quien -en sociedad- desarrolló cultivos de café especial para iniciar su propio proyecto en el año 2001.

En 2005, cuando empezó a producir, decidió trillar su propio café y ubicar un espacio para venderlo, aprovechando el territorio turístico de San Gil. Así, montó su primer punto ‘Loma Verde’, en el Parque Gallineral, ícono de este municipio.

En el 2008, cuando ya pudo organizar sus cifras y su negocio, pidió financiación para comprar máquinas que le permitieran hacer el proceso de su proyecto. Fue así como, a través de un microcrédito, su sueño empezó a crecer.  Por su ya conocido punto de café y la identidad de su marca mantenida desde el comienzo, el Gobernador de la época le propuso poner un nuevo punto en el naciente parque de Chicamocha.

Entonces tomó una nueva operación por $8 millones con el ánimo de aceptar la propuesta.

Para el 2010 tomó otro crédito con el Banco, esta vez por $6,6 millones para continuar con su propio proyecto cafetero: la siembra de café. De ahí surgió la idea de crecer, con un punto propio en el centro comercial El Puente.

John volvió a pedir financiación en 2012 por $20 millones para comprar maquinaria y equipo. Recibió de este crédito $10 millones de incentivo en el 2013 (ICR).

John aún tiene un crédito vigente, también por maquinaria, que pidió en 2014. Con este, al igual que con todos los demás, su cumplimiento ha sido excelente.

Hace un año, en 2018, se aventuró y abrió un punto de Kafé Loma Verde en Barcelona, España, que es administrado por su hermano y al que le ha ido muy bien.

Barranquilla, 17 de agosto de 2019.- El candidato a la gobernación del Atlántico por Colombia Justa Libres, Carlos Dennis Vega, participó este jueves de un evento especial en el marco de un almuerzo en honor a los pastores de la Asociación de Ministros del Atlántico, AMA, en apoyo a los candidatos de este partido, para las elecciones del 27 de octubre del presente año.

Allí el candidato recibió el respaldo de la asociación pastoral, de la cual hacen parte pastores de diferentes denominaciones del departamento para continuar en su carrera por la gobernación del Atlántico.

La presidenta de AMA, la pastora Nazly Van Strahlen, presentó oficialmente ante los pastores que hacen parte de la asociación a Dennis como candidato a la gobernación; William Cervantes, candidato a la alcaldía de Soledad; Julián Delgado candidato al Concejo de Barranquilla encabezando la lista cerrada y Reynel Castro a la Asamblea departamental también por lista cerrada, también fueron presentados los candidatos a ediles, y a los concejos de los municipios del Atlántico.

Durante su intervención Dennis Vega, resaltó la importancia del apoyo de los pastores del departamento para lograr que hombres y mujeres formados en valores y principios hagan parte de los asuntos de gobierno en el Atlántico y sus respectivos municipios.

“Es necesario llevar a hombres y mujeres formados en principios y valores para que comience la transformación de este departamento, y para ello es necesario que la iglesia presente estos ciudadanos para que esta transformación lleve a cabo”.

Por su parte la pastora Van Strahlen, destacó que “todos los candidatos de Colombia Justa Libres son personas íntegras que representan los principios de este partido político cristiano, que defiende los derechos de la familia como primera institución creada por Dios”.

Los candidatos también recibieron el apoyo de la Unión de Pastores del Suroccidente de Barranquilla, Upasurocci, a cargo de su presidente el pastor German Mercado.

Barranquilla, 17 de agosto de 2019.- La producción amigable con el medio ambiente ha sido el derrotero de la ganadería colombiana durante más de una década.

Durante ese lapso, el país ha adquirido una experiencia de grandes dimensiones, por lo que se puede decir que gracias a la labor de centros de investigación como CIPAV, CIAT, Corpoica, y de varios universales, entre otros, y en especial al Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, y de Fedegán, en Colombia hay capacidad para hacer sistemas silvopastoriles.

Pero más importante aún, es que estas iniciativas han permitido encarrilar a muchos productores en la ruta de la sostenibilidad, y de la captura permanente de carbono, e incluso, de la eficiencia y la rentabilidad. “Durante años se convirtió en la apuesta por la productividad, y de manera simultánea, en el respeto que tenemos por la naturaleza”, enfatizó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán.

Afirmó José Félix Lafaurie quien aplica en su ganadería esta técnica que la finca tradicional, esto es, aquella que no se ciñe a esta dirección, simplemente realiza diariamente su actividad ganadera sin los recursos necesarios que le permitirían su auto sostenibilidad: sin cercas vivas, con árboles dispersos, no conservación de bosques, la inexistencia de bancos mixtos de forrajes y sin ramoneo. En otras palabras funciona basada en la producción de pastos sin divisiones y de manera extensiva. Y argumentó que para que una ganadería sea sostenible se requiere que el productor implemente en su predio esquemas silvopastoriles, es decir, que integre al pastoreo de bovinos tres recursos naturales: árboles –que pueden ser nativos de la región–, leucaena –leguminosa arbórea– y botón de oro – planta herbácea muy ramificada que alcanza alturas hasta de cinco metros–. Al integrarse estos 4 recursos sucede que todos se benefician mutuamente e impactan positivamente el medio ambiente, explicó Lafaurie Rivera.

Tres indicadores…

“La productividad forrajera tiende a ser mayor en ganaderías basadas en esquemas silvopastoriles intensivos – SSPi, que en los sistemas tradicionales. Mientras en el primero en un predio se podrían producir 23.479 kilogramos de forraje verde por hectárea, en el segundo alcanza los 15.638, es decir, 50 % menos”, reiteró el dirigente de Fedegán, gremio que administra los recursos del Fondo Nacional del Ganado.

Al pensar en aplicar un esquema de ganadería sostenible, solo basta reflexionar sobre el mencionado indicador, pero igualmente, sobre otros dos que dejan ver las bondades del mismo: el primero es que mientras en una ganadería tradicional que produce 794 litros de leche por hectárea al año, al implantarle Sistemas Silvopastoriles Intensivos, el efecto es que la producción se triplicaría hasta los 2.849 litros/ha/año.

El segundo indicador es que las carnes ecológicas que se producen a través de los SPPi, pueden obtener mejores precios en los mercados internacionales y superan los internos hasta en un 30 por ciento.

“Vale la pena ejercer la ganadería bovina mediante los esquemas silvopastoriles, bien sea porque benefician el medio ambiente y la actividad se convierte en un capturador de carbono permanente, o porque genera mejor desempeño económico a la misma”, recalcó Lafaurie Rivera.

Hoy Colombia produce más cocaína que ayer. La leve reducción de 1,2% de las plantaciones ilegales en 2018 no es gran cosa cuando la producción efectiva de esa substancia está creciendo. En 2018, la producción de ese estupefaciente aumentó en Colombia un 5.9%, según la ONU. Es una cifra escalofriante que empeora el triste récord del país: ser el mayor cultivador de hoja de coca del mundo. Eso es lo que ocurre hoy, mientras que el presidente Iván Duque intenta convencernos de que su política en ese ramo es la única posible.

En realidad, no hay progreso. Vamos para atrás, muy alegremente. La falla principal no solo está en ese aumento de la producción y exportación de drogas. También es esencial el andamiaje institucional y político que sostiene esa industria letal y que explica el crecimiento de la nefasta producción. Ese aparato está cada vez más perfeccionado y el gobierno no sabe cómo quitarle un solo ladrillo a ese horrendo edificio.

El primer año de gobierno de Duque debe ser juzgado a la luz de esta situación, de esa impotencia, del estado real del más grande problema que tiene Colombia, el narcotráfico, y no a la luz de las cosas menores que hace, anuncia o promete el presidente.

De poco sirve la aprobación de un Plan de Desarrollo, o de una ley “de reactivación” económica, si el país sigue prisionero de la droga, como productor y consumidor, y si las bandas que controlan ese negocio se multiplican. Los asesinatos de líderes sociales y agentes de la fuerza pública no cesan y las “disidencias” de las Farc se refuerzan. Emerge, a su vez, la posibilidad de un nuevo centro político-militar en torno de Márquez, Santrich, Romaña, El Paisa y Gentil Duarte, los cabecillas que “desertaron de la paz”, como los llama cierta prensa. Los carteles mexicanos están infiltrados en 10 departamentos y están contribuyendo al aumento de la violencia en las zonas rurales, donde la presencia de la fuerza pública es escasa y fugaz, y hasta tratan de inmiscuirse en los resultados de las elecciones regionales de octubre.

Ello ocurre pues lo principal fue dejado de lado por Iván Duque. Él no ha querido batallar para reformar la justicia, ni para sacar adelante la reforma política. Tenía que haber comenzado por el restablecimiento del Estado de Derecho, pero no lo hizo. Su creencia es hacer reformetas para “fomentar el crecimiento” sin ver que el problema grande es el derrumbe institucional y jurídico que perpetró Juan Manuel Santos.

Duque le ha dado la espalda a esa tarea. Ha escogido la línea del menor esfuerzo. No ha hecho nada por la abolición ni por la modificación (aun la más tímida) del siniestro pacto final Farc/Santos, rechazado por el país. Duque decidió dejar intacta la JEP y acatar lo que deciden al respecto organismos no elegidos, como la CSJ y la CC. Ello permitió la escandalosa y prevista huida del país de Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos por actos de tráfico de drogas. La JEP, aparato vital del Estado fariano, sigue intacto. Duque ni siquiera ha querido darle respaldo personal y político al referendo de iniciativa ciudadana que impulsa el periodista Herbin Hoyos para tratar de revocar la JEP.

El mandatario actúa como un espectro palaciego que no sabe cuán extensos son los poderes y prerrogativas de un presidente colombiano. ¿Alguien podría decirle que lea, al menos, los ocho capítulos de la Constitución Nacional sobre la rama ejecutiva? ¿Alguien podría explicarle que en nuestro sistema el país no puede ser dirigido por los jueces y que si alguien impone tal desviación, hay que levantarse contra eso y convocar al país para restablecer el Derecho? 

Iván Duque aplazó la reforma electoral que habría podido dar mayor pureza al sufragio universal y establecer la segunda vuelta para la elección de alcaldes y gobernadores, para evitar lo que ha ocurrido en algunas pequeñas y grandes ciudades, como Bogotá: los golpes de mano de minorías nefastas.

Duque cree que el país puede seguir sin un Fiscal General y sin una justicia normal. Y sin una Constitución. La de 1991 ha sido arrinconada y la de Timochenko/Santos es la única que cuenta: esta es la que desorganizó la fuerza pública para que la producción de drogas siga creciendo. Una justicia despótica reina en todas partes, y obra, mediante el bien dosificado terror psicológico, contra todo aquel que luche por la restauración del Estado de Derecho. El caso más dramático lo vive hoy el ex presidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático. Él es objeto, de nuevo, de una de esas maniobras cínicas, enredadas y tenebrosas, que la subversión quiere imponer como modelo. El abogado y periodista D’mar Córdoba resume el asunto así: “El ex presidente Uribe, quien denunció que ciertos sectores de la extrema izquierda estaban presionando a ex paramilitares para que testimonien contra él, terminó como único investigado. Pasó de víctima a victimario por cuenta de una Corte que deja mucho que pensar en su actuación contra el ex mandatario”.

Uribe es víctima de cientos de escuchas telefónicas ilegales. Por denunciar eso y revelar que hay en marcha un plan para enlodar el buen nombre de él y de su familia, el senador fue acusado de “fraude procesal y soborno”. Las interceptaciones ilegales fueron etiquetadas como legales y un juez de la cuerda anti-Uribe quiere ahora meterlo a la cárcel el 8 de octubre próximo, disque para escucharlo. Así va el derecho penal en Colombia. El anuncio de que el expresidente será “indagado” fue lanzado dos días después en que el dictador Nicolas Maduro gesticulara en Caracas que Álvaro Uribe quería matarlo y que para eso había enviado “32 mercenarios”. ¿Coincidencia? ¿Reciprocidad?

A esos extremos de villanía se llega por la desidia de un gobierno que aplazó toda reforma destinada a proteger a los ciudadanos de semejantes abusos. ¿De qué sirve ufanarse de que “la inversión aumentó este año” (gracias a sus viajes al extranjero) si en un Estado sin derecho las ganancias terminan en las manos de los más violentos?

Un agudo observador político, alarmado, me dice: “Uribe está a las puertas de la cárcel y a nadie le preocupa eso. Sus parlamentarios están en otras cosas. El presidente Duque está cada vez más alejado. ¿Cuando detengan a Uribe todos acatarán a la justicia? Urge un movimiento nacional para respaldarlo, pero nadie lo promueve.”

En concierto con la CSJ, la JEP está esperando que el senador Uribe sea detenido y enviado a las fosas de la señora Linares. Algo semejante prepara contra el ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos cierta célula del Consejo de Estado, obsesionada con silenciar esa voz eminente que alerta sobre lo que el totalitarismo prepara contra las libertades de Colombia. La JEP no ha renunciado a su meta de juzgar a los expresidentes, a los empresarios y a los civiles que, según ella, “contribuyeron a la comisión de conductas relacionadas con el conflicto armado”.

Con el cuento de que “las Fuerzas Armadas no le pertenecen al presidente”, Iván Duque no hace nada para desmontar lo que Santos hizo para politizarlas y corromperlas. Los resultados están a la vista: el malestar y la desmoralización cunden, y los accidentes obscuros también: el posible sabotaje que mató a dos soldados en la demostración aérea de Medellín, es un ejemplo. Hay esfuerzos concertados en varias ciudades para desmantelar bases militares, sobre todo contra la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Y el gobierno calla. 

El narco-mundo mientras tanto se refuerza. Nuevos grupos armados aparecen en el Chocó y en la costa pacífica, gracias a la convergencia entre el Eln, las Farc y las autodefensas Gaitanistas, como lo denuncia el defensor del pueblo Carlos Negret. Según él, 17 nuevos bandas alineadas con las Farc-Ep tratan de apoderarse de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal de Chocó. Además, la inseguridad urbana aumenta, los parques son ahora zonas de consumo legal de estupefacientes, y el sexto frente de las Farc amenaza de muerte a los periodistas, como acaba de ocurrir en el Valle del Cauca. Dos inmensas regiones, el Catatumbo y el departamento de Arauca, viven bajo el control de las Farc y de otras narco-bandas. El Eln controla franjas enteras que parten de Colombia y llegan hasta el centro de la amazonia venezolana.

El acuerdo Santos/Farc vulneró el sistema parlamentario-electoral: hay diez “congresistas” de las Farc que fueron elegidos no por los ciudadanos sino por la jefatura de las Farc. Esos “congresistas” anuncian que su objetivo es imponer “el socialismo como modelo político”. El “senador” Lozada gesticuló el 30 de julio pasado que ellos quieren hacer de Colombia una Venezuela 2. Sabemos que la destrucción de Venezuela fue hecha y sigue siendo hecha mediante la violencia chavista más extrema y masiva. Ante la horrible oferta de Lozada, el jefe de Estado Duque guardó silencio. En otros años, el presidente de la República, garante de los derechos y libertades de todos los colombianos, aparecía en la tv para condenar esos designios y anunciar medidas contra eso. Duque, por el contrario, ve esas declaraciones como algo pintoresco. En el Congreso, el proceso del expresidente Santos-Oderbrecht por corrupción sigue estancado. Tales anomalías estratégicas no son siquiera mencionadas en las entrevistas concedidas para evocar los “éxitos” de su primer año de gobierno.

Duque no ha cumplido su promesa de poner en marcha un plan masivo contra los narco-cultivos, con fumigación aérea de glifosato. Ese tipo de fumigaciones fueron suspendidas por Santos en 2015 y Duque no las ha relanzado. El Estado se limita al uso manual de esa substancia, con resultados mediocres.

Duque deja correr esas calamidades sin mover un dedo. Él está muy ocupado en darle al país más “conectividad” y en hacer viajes al extranjero y en arruinar las excelentes relaciones con Washington cuya construcción le ha tomado decenios a Colombia. Su viaje a China comunista y los pactos firmados en Pekín ayudan a la política de Xi Jinping en América Latina, y de Maduro, y son una arista de la extraña revolución diplomática que está preparando Bogotá. Sin hablar de ciertos contactos secretos del gobierno con enviados del Vietnam. 

¿Qué pinta todo esto? Un golpe sui generis está probablemente en marcha. Será el golpe de octubre. Todo confluye hacia esa fecha. Las elecciones regionales son en octubre y la detención del presidente Uribe es anunciada para comienzos de ese mes. Si la subversión logra ese golpe de mano, puede provocar su propio suicidio, gracias a un saludable estallido social antisubversivo. Pero existe otra posibilidad: que esa coyuntura terrible genere solo un movimiento de estupor y parálisis. Ante un CD adormecido por la prédica tranquilizadora, ello es factible. Se propagará entonces la división y el desaliento y el extremismo de izquierda podrá asaltar más fácilmente sobre las urnas. Bogotá y otras ciudades claves, caerán en manos de las Farc. Que el lector imagine lo que seguirá después.

Entre los costos de productividad el de la seguridad, o mejor, la inseguridad, es un costo más estudiado. Las empresas gastan muchísimo dinero en vigilancia privada, en la protección de sus funcionarios con escoltas y carros blindados y en la investigación de los delitos cometidos por los propios funcionarios, y pierden mucho por robos “hormiga”. Es verdad que ese costo ha disminuido desde principios de siglo, por la política de seguridad democrática, y que debería haber bajado más por el acuerdo de las Farc con Santos, pero en la medida en que el proceso quedó mal diseñado, el Estado no ha podido ocupar institucionalmente los territorios dejados por las Farc y hoy se los disputan entre grupos armados organizados. La producción de coca está disparada y las cifras de homicidio, en lugar de bajar, aumentaron el año pasado. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que subsisten al menos cinco conflictos armados en Colombia. Yo creo que son seis. No hace mayor diferencia.

El punto es que tenemos un orden jurídico, una institucionalidad, una doctrina militar, una estructura de fuerza y un presupuesto para las Fuerzas Armadas propias de post conflicto y una realidad de conflicto armado. Esquizofrénico. Para rematar, en la sociedad ya no hay consensos mínimos sobre cómo enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y a los violentos, ni sobre los límites para el uso de la fuerza legítima del Estado. Como resultado de todo, los empresarios siguen gastando muchísimo en seguridad, dinero que debería emplearse en inversión.

Otro costo ya suficientemente diagnosticado es el de infraestructura. Colombia es un país inusual, rarísimo, en el cual las grandes ciudades, con la excepción de Barranquilla y Cartagena, están entre montañas y alejadas de las costas y de ríos navegables. Moverse entre las ciudades y exportar es complejo y caro. Este Gobierno ha hecho una tarea de aplauso solucionando los problemas de financiación de las 4G y está apostando por una compleja red de vías terciarias para conectar veredas con municipios, zonas agrícolas con las ciudades. Pero el país tiene que conectarse con los llanos y la Orinoquía, despensa del país, incluyendo la integración fluvial Meta Orinoco, resolver de manera definitiva la navegabilidad del Magdalena y, en especial, crear una red ferroviaria amplia y profunda.  Como mínimo, trenes entre Puerto Carreño y Bogotá, entre esa ciudad y Buenaventura, y entre la capital y La Dorada, para conectar a Santa Marta. En una geografía tan ardua y difícil, solo los trenes bajarán costos. Hoy se paga lo mismo por el transporte entre Europa y Asia y Colombia como en los movimientos en el interior del país.

Un tercer costo diagnosticado pero no resuelto es el de la educación. Está probado que la educación de calidad no es solo el gran camino de la movilidad social sino el salto indispensable para el emprendimiento, la innovación y la productividad. La educación en Colombia, la pública pero también la privada, con muy pocas excepciones, es malísima. Lo prueban los pésimos resultados en las pruebas PISA, que comparan estudiantes de los mismos niveles alrededor del mundo en ciencias, matemáticas y lectura. Siempre estamos entre los últimos. Y mientras que la calidad es un desastre, FECODE para otra vez con cualquier excusa. Le importan un pito sus estudiantes. Solo le preocupan sus gabelas y privilegios sindicales.

Además, los colombianos estudian lo que no se necesita. Sobramos abogados y periodistas, por ejemplo, y urgen ingenieros, médicos, enfermeras, matemáticos, físicos, químicos, agrónomos y veterinarios. Y es indispensable que haya cada vez más técnicos y tecnólogos y no tantos licenciados. Un trabajo mancomunado con la empresa privada, el SENA y las universidades es clave para determinar necesidades y para impulsar la investigación. A la ciencia, la tecnología y la innovación solo dedicamos el 0.6% del PIB. Para hacerse un idea, en el 2017 se presentaron casi 2.8 millones de solicitudes de patentes en el mundo. En Colombia se presentaron 2.223 solicitudes de patentes de invención el año pasado, y de esas 415 fueron de nacionales y las demás de extranjeros que quieren proteger sus invenciones acá. ¡Solo 415!

Dos reflexiones finales en materia de educación: el bilingüismo es una necesidad, no un lujo. Y es indispensable transitar de manera definitiva a la doble titulación en las escuelas rurales, para graduar  al mismo tiempo bachilleres y técnicos agrícolas y veterinarios

Barranquilla, 18 de agosto de 2019.- Durante 24 diligencias de allanamiento y registro ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, miembros del CTI, Seccional Caldas y Bolívar, con apoyo de la Policía capturaron 18 personas señaladas de formar parte de una estructura delictiva, dedicada a la venta de chance ilegal en los departamentos de Bolívar, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Atlántico, Guajira, Tolima y Norte De Santander.

La Fiscalía estima que esta organización percibía, producto de la actividad ilícita, 14.291’000.000 de pesos mensualmente un promedio; lo que representaría al año 171.492’000.000 de pesos. Esto, según las autoridades ha afectado, de manera grave, el recaudo de los recursos destinados para las secretarías de salud y deporte de cada departamento.

Durante los operativos fue incautado dinero en efectivo, además de 5000 talonarios para elaboración de chance ilegal -los cuales se producían en su propia imprenta-, computadores, celulares y USB, elementos tecnológicos con los que se recaudaban las ventas de cada día.

La Fiscalía les formularía cargos por concierto para delinquir, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, y utilización ilegal de comunicaciones.

En estos momentos se llevan a cabo las respectivas audiencias concentradas ante un juez de garantías de la ciudad de Cartagena, Bolívar.

La Corte Suprema de Justicia pasa por su peor momento, se llenó de mafistrados que en lugar de impartir justicia y actuar con base a la ley se dedicaron a la persecución política y a lanzar salvavidas a FARC y sus aliados. Recordemos que anuló, como evidencia legal, los computadores del terrorista Raúl Reyes que contenían información valiosa sobre FARC política (caso que jamás les ha interesado abrir) y contra periodistas y otros auxiliadores de ese grupo narcoterrorista; además es:

CORRUPTA: Por autoridades de Estados Unidos conocimos el Cartel de la Toga, organización criminal en la que mafistrados cobraban altas sumas de dinero a sus investigados por archivar o precluir sus procesos. Hay presos y en fuga (Leonidas Bustos  expresidente de la CSJ qué tanto favoreció al proceso de paz de Santos, el mismo que dijo que la paz estaba por encima de la justicia).

PERSEGUIDORA: El proceso contra Álvaro Uribe V es muestra de ello. Inicia porque cierto senador (muy allegado a FARC) visitaba cárceles en Colombia y en Estados Unidos buscando testigos en contra del expresidente, ofreciéndoles todo tipo de prebendas (como lo reconoce alias El Tuso Sierra y otros delincuentes, o el caso del señor Monsalve a quien le entregó un dinero y ofreció ubicar a su familia en el exterior; “extrañamente” la Corte Suprema consideró ese un pago humanitario). El ex presidente Uribe lo denuncia, la Corte precluye ese proceso y decide abrir uno en contra de Álvaro Uribe por, supuestamente, manipular testigos. Adicionalmente, se conocieron actividades abiertamente ilegales propiciadas y autorizadas por la Corte Suprema como las  interceptaciones al celular del expresidente Uribe. Pese a que un funcionario del CTI informó oportunamente del hecho al magistrado a cargo de la investigación, continuaron con las interceptaciones y más grave aún le dieron legalidad. Como caso particular el mafistrado mencionado llegó recientemente a la JEP (No es coincidencia), la justicia creada por y para las FARC. Y dicen que no es persecución. Ni que hablar del caso Andrés F Arias.

En otro acto abiertamente ilegal, la Corte Suprema otorgó competencias de Policía Judicial (corresponden al CTI de Fiscalía y a la SIJIN) al criminal condenado Monsalve (el testigo a quien le pagaron por declarar contra AUV); le entregaron un dispositivo para que grabara las conversaciones con el abogado del expresidente y éstas fueron  autorizadas por la Corte en el proceso. Pero faltan más violaciones a la ley. El periodista Daniel Coronell (quien buscaba generar daño a AUV) publicó la transcripción de uno de los audios interceptados ilegalmente, lo que evidenció que el funcionario del CTI había alterado su contenido cambiando por completo el contexto en el documento. Es decir, no solo la interceptación es ilegal, la trascripción no corresponde a la verdad del audio y además se viola la reserva sumarial. En un país con verdadera justicia tantas actuaciones ilegales de la Corte  anularían esas pruebas, como es contra AUV el proceso avanza y hay fecha para indagatoria (“extrañamente” el senador Iván Cepeda supo desde antes esa decisión). Algunos dudan que es persecución; a otros no les importan esas violaciones a la ley, como es contra Uribe, todo lo avalan.

POLITIQUERA: Como en años anteriores citaron a la indagatoria en plena campaña electoral de octubre, pudieron hacerlo antes o después de los comicios, sin duda tienen interés político en ello.

PREVARICADORA: La Sala Penal de la Corte Suprema frente al prevaricato por acción (art 413 C P) precisó que incurre en esta conducta el servidor público que profiere resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Es decir, en las actuaciones frente a AUV los Magistrados de la Corte Suprema han prevaricado, actuaron manifiestamente en contra de la ley; deberían estar presos.

Se demuestra que la CJS no es ni justa, ni imparcial, además que la mueven otros intereses. Además el Consejo de Estado dejando posesionar en congreso a criminales; la Corte Constitucional impidiendo aspersión aérea y la JEP protegiendo a jefes FARC aún a quienes abandonaron el proceso. Demasiado grave una justicia así, urge una reforma de fondo, por ello apoyo el Referendo de Herbin Hoyos.

EL COLMO 1: Entre la JEP y la Corte Suprema compiten por cual ayuda más a los criminales FARC. En la primera aún no decide si mantiene o revoca la garantía de no extradición al narco fugado alias Jesús Santrcich. La segunda, después de facilitar la fuga del mafioso, va a Estados Unidos a escuchar el testimonio de Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez), ya para qué. Además, que ganas de viajar y viaticar, existe Skype. NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: JEP nuevamente rechaza invitación del Congreso, esta vez un debate por el caso del mafioso alias Jesús Santrich. Todo un Frankenstein la creación de Santos y sus socios FARC. NO HAY DERECHO.

EL COLMO 3: Que buena diplomacia internacional hizo Santos de sus socios FARC; el Nobel Denis Mukwuage, defensor mundial de víctimas de violencia sexual se reunió con Jefes FARC, responsables de delitos sexuales contra menores y mujeres, pero no con sus víctimas de la Corporación Rosa Blanca. NO HAY DERECHO.