“No vamos a interponer ningún recurso contra las decisiones de la Fiscalía porque es inefectivo, no sirve para nada”: abogado Jaime Granados
Este debate no se puede hacer ante la Fiscalía, que ella ante sí misma toma decisiones sin ninguna intervención judicial externa.
Santiago Uribe busca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas cautelares que pretendan evitar que se siga vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.
Bogotá, 2 de marzo de 2016.- En rueda de prensa ofrecida este martes por el director del Centro democrático, Óscar Iván Zuluaga en compañía de los abogados Jaime Granados y Víctor Mosquera, respecto la detención preventiva decretada por la Fiscalía, contra el hermano del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe. El abogado Granados defensa de Santiago Uribe Vélez, sostuvo que con la absoluta convicción del conocimiento de cada una de las páginas que conforman los 31 cuadernos originales que reposan hasta el día de hoy en la Fiscalía y sin violar la reserva de las mismas, que el único fundamento que tiene la determinación de tomar la medida de detención preventiva contra Santiago Uribe Vélez, se basa en tres falsos testigos: Alexander Amaya, Juan Carlos Meneses Quintero y Eunicio Alonso Pineda Luján”.
Granados explicó el caso de cada unos de los testigos falsos denunciados
Argumentó que el primero de ellos ya desde el año 2000 había sido desechado por la Fiscalía General de la Nación, y él, en un proceso que está abierto, que es público porque está en juicio, fue acusado por la Fiscalía, igual que el mayor Meneses Quintero, como los únicos responsables de la muerte de Camilo Barrientos, por lo que no se entiende si son los únicos responsables, y el propio Alexander Amaya ha admitido su responsabilidad y exculpado a Santiago Uribe Vélez, ahora, la Fiscalía incluya el delito de homicidio dentro de los cargos por los cuales decretó medida de aseguramiento.
Explicó además el abogado de la defensa, que el mayor retirado, “Juan Carlos Meneses Quintero, al igual que Eunicio Alonso Pineda Luján, tienen de común, y está probado, que han sido financiados por una organización, se trata de una ONG, la Comisión Intereclesial, que ha promovido el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien además ha sido denunciado por el presidente Álvaro Uribe Vélez por la persecución que ha sufrido desde hace muchos años, y esta organización ha protegido, financiado a estos falsos testigos, especialmente al último, por varios años, teniéndolo oculto en el exterior, pagando todos sus gastos, realizando actividades, que si lo hiciera algún miembro del llamado uribismo, sin duda ya estaría procesado y preso por ello”, afirmó.
Añadió que estos casos que se relacionan con el llamado grupo de “los 12 apóstoles”, sin duda debieron ser investigados, y lo fueron, en su momento por la Fiscalía; tuvieron decisiones, en su momento absolutorias de Santiago Uribe Vélez, no tomadas de manera ligera, como irresponsablemente sostiene la Fiscalía, sino fruto de un trabajo serio, al extremo que he sido autorizado para citar como testigo de excepción del trabajo que realizó la Fiscalía en esa materia, lo que hizo en su momento el doctor, que entre otras cosas dirigió el CTI, que luego incluso fue fiscal delegado ante la Corte, Hernán Gonzalo Jiménez.
Granados explicó a los periodistas que el doctor Hernán Gonzalo Jiménez, es un hombre serio, probo, un jurista de altas calidades y sobre todo un hombre valiente, “ha dicho que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad bajo juramento, para indicar cómo él directamente conoció del caso, conoció de los falsos testimonios y se tomaron las determinaciones que había lugar en derecho, y que no hay lugar para que ahora se ponga en tela de juicio lo realizado por la Fiscalía 16 años atrás”.
El abogado Jaime Granados, adicionalmente aseguró que la valoración probatoria que la Fiscalía hizo fue ligera, no tuvo en cuenta los argumentos de la defensa y sobre todo, y que es lo más grave, desestimó 22 años de continua comparecencia de Santiago Uribe Vélez a las autoridades. “No hay caso en la historia judicial de Colombia de una persona que haya comparecido más tiempo ante las autoridades, dando ejemplo de respeto a la justicia, para que luego sea abusivamente detenido preventivamente”.
“Estamos frente a un caso que implica un retroceso de por lo menos 15 años, en lo que son los avances de nuestra jurisprudencia desde la sentencia de la Corte Constitucional 774 del 2001 hasta recientes leyes expedidas, incluso, por este Gobierno”.
El abogado acusó a la Fiscalía, en la manera como ha actuado en este caso, “ha demostrado a la defensa y sobre todo a la opinión pública, que no hay garantías para él, y por tanto, a partir de la ausencia de garantías manifestada por el sesgo conocido desde la cúpula de la Fiscalía contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y su círculo más cercano, de las constantes filtraciones que en este proceso se han dado a ciertos medios de comunicación, particularmente a Noticias Uno.
Argumentó el distinguido jurista, que “La condena anticipada que se ha hecho en el escrito de detención preventiva, las 277 páginas que lo contemplan, la forma como puede enviar un mensaje equivocado prevaliéndose que la defensa no puede revelar los detalles de este proceso porque estaría violando así la reserva, y teniendo en cuenta, que es lo más grave, la flagrante violación de los derechos procesales, estamos hablando que cuando rindió indagatoria finalmente Santiago Uribe Vélez hace casi tres año, la ley disponía, y sigue disponiendo, un término máximo para definir su situación jurídica de diez días, se tomó 28 meses; eso es algo arbitrario, el algo abusivo, es algo sin precedentes en la historia judicial de Colombia y no puede pasar inadvertido”.
Decisión de apelar a organismos internacionales por falta demostrables faltas de garantías y vulneración de derechos
Por las razones anteriormente descritas y otras más, que por dar parte de la reserva, explicó Granados que se ve obligado ahora a callar, y manifestó que la defensa, de común acuerdo con Santiago Uribe con quien se reunió junto con el defensor suplente, el doctor Juan Felipe Amaya y el doctor Víctor Mosquera, experto internacionalista, se tomó la decisión de Santiago Uribe Vélez renuencia y manifiesta que renuncia a cualquier prescripción en los casos por los cuales está siendo investigado, de concierto para delinquir agravado y de homicidio agravado. Nunca ha pretendido beneficiarse de una posible prescripción, solo le interesa que se sepa la verdad y que se haga justicia”.
Santiago Uribe y la defensa con esta decisión, esperan poder llegar ante un juez imparcial, porque en este caso solo ha intervenido la Fiscalía, solicitan además que ese juez imparcial dé cara a un proceso público con todo el expediente abierto para que pueda haber todas las veedurías internacionales que quiera hacerlo, se pueda establecer realmente que priva su presunción de inocencia, hoy mancillada por la Fiscalía.
Denunció además que este debate no se puede hacer ante la Fiscalía, puesto que “ella ante sí misma toma decisiones sin ninguna intervención judicial externa; por ese motivo no vamos a interponer ningún recurso contra las decisiones de la Fiscalía porque son inefectivas, no sirven para nada, el recurso de reposición ante el mismo funcionario o de apelación ante el señor vicefiscal”, expresó.
En este caso, hace dos años se designó a dedo al actual fiscal décimo, fue quien tomó la decisión que seguramente fue compartida con sus superiores; por lo aspiran defenderse ante esa decisión en un juicio transparente ante toda la comunidad que quiera apreciarlo, se dé cuenta de la enormidad de las arbitrariedades cometidas en este proceso.
Cabe destacar que Santiago, Uribe también ha solicitado al doctor Víctor Mosquera, para que él como experto internacionalista, presente a su nombre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares que pretendan evitar que se siga vulnerando gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a su libertad, que se ponga en peligro su vida porque hoy está en un calabozo contiguo al del reconocido narcotraficante, sometido por su hermano, alias ‘Don Mario’.
Finalmente, la defensa de Santiago Uribe Vélez, hizo clara expresión de rechazo a la politización de la justicia que se ha hecho instrumentalizándose a la Fiscalía a ese propósito
“No conozco ningún caso en donde se persiga con tanta saña a un ser humano como lo han hecho con Santiago Uribe Vélez”.
“Vamos a acudir con toda vehemencia a los tribunales internacionales, porque hemos identificado que la Fiscalía durante 20 años ha realizado una investigación constitutiva de una dilación indebida de investigación, lo que ha afectado la presunción de inocencia de Santiago Uribe”, arguementó el abogado defensor.
“No vamos a seguir permitiendo que la Fiscalía General de la Nación condene informalmente a los miembros de la oposición, y vamos a defenderlo para que él se pueda defender en libertad con todas las garantías judiciales que tiene derecho”.
La medida catelar busca que Santiago Uribe se defienda en libertad, además de la protección al debido proceso, y a que se pueda defender, no como un criminal como lo ha pretendido señalar la Fiscalía con la decisión, sino a defenderla como un hombre que se presume inocente
Reiteró que la decisión, equivale a una condena anticipada; insistió, es un retroceso en la historia de Colombia, que va en contravía directa con las recomendaciones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre del año 2014 y que han sido citadas con autoridad, entre otros, por el Congreso cuando estudió la siguiente ley que reformó la detención preventiva a instancias, por cierto, del jurista, ministro de Justicia, Yesid Reyes, afirmó el togado.
Así que este caso debe convertirse en un símbolo de lo que no debe ser la detención preventiva en Colombia.
“Colombia ya ha sufrido casos de errores judiciales, casos recientes, como la condena injusta, afortunadamente reversada por la Corte Suprema, del coronel Luis Alfonso Plazas vega”.
“Aquí hay unas enormes similitudes entre los dos casos, en donde tenemos unos falsos testigos inducidos, empujados por perseguidores políticos del presidente Uribe, que los han financiado, es que esto es de la mayor gravedad ¿ustedes cuando habían visto que los testigos fueran financiados por los opositores de alguien y que sean utilizados como testigos válidos en contra de esta persona, en este caso del hermano del señor ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez?”.
“Los colombianos y la opinión pública internacional son inteligentes y puede asociar los fenómenos de persecución política que se manifiestan en este caso”.
“Como defensor lo único que puedo decirles es que durante 28 meses no estuvimos quietos, no estuvimos pasivos, constantemente solicitamos a la Fiscalía que se pronunciara, constantemente presentamos alegatos de fondo diciéndole que tenía que pronunciarse y por qué, incluso recurrimos a una acción de tutela, que desafortunadamente la Corte Suprema de Justicia no accedió a ella en el correspondiente momento procesal, con un argumento, que como es público lo puedo comentar, que es curioso, dice la tutela que si bien es cierto hay una violación en sus garantías no es menos cierto que la Fiscalía no puede ser obligada a definir dentro de los términos de la Ley”.
“Es decir, aquí hay una materialización de una violación grave de los derechos de Santiago Uribe Vélez, pero que se han quedado sin una tutela judicial efectiva y esos son unos de los argumentos que el doctor Víctor Mosquera, como experto en la materia, pues va llevar a los organismos internacionales, particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afortunadamente fue advertida la semana pasada por el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez en compañía del doctor Víctor Mosquera en Washington cuando fue recibido por el director ejecutivo, el señor Álvarez Icasa, y él escuchó atentamente las preocupaciones que incluían lo que estaba ocurriendo con el caso de Santiago Uribe Vélez, al cual todavía no se había llevado a una medida cautelar, porque se estaba dando la oportunidad de que la Fiscalía actuara en derecho, cosa que ya vimos, por lo menos para esta defensa, no ocurrió”, concluyó en este sentido el abogado Jaime Granados, sobre los motivos por los que deciden ir a los organismos internacionales.
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