Nos hemos situado frente a una coyuntura preocupante y delicada. Se nos impone gran dosis de creatividad, consenso y liderazgo para cruzar la raya de la inestabilidad y mantener la senda del crecimiento.
El país entero se polariza ante la disyuntiva de la paz con las Farc reformulada, la dilación de los diálogos con el ELN, el debate más agrio que haya tenido una reforma tributaria en los últimos años, los problemas regionales y la incógnita social por el aparente desfinanciamiento de los programas de asistencia del Estado.
Nos hemos caracterizado por ser una democracia ejemplo en América Latina, pese al conflicto armado de más de medio siglo de existencia y cerca de 250 mil muertos.
En materia económica también hemos sobresalido por encima de los indicadores en picada de América Latina y mientras el PIB de la región tiene pronóstico de descenso entre 0,5 y el 1%, Colombia ajusta al 2% la tasa de crecimiento prevista por el Banco de la República para 2016.
Con un panorama energético cada vez más enredado, es evidente la necesidad de cubrir el hueco fiscal del orden de los 30 billones de pesos con soluciones innovadoras que precisamente no van de la mano de disparar la carga impositiva sobre la clase media y trabajadora del país, que también castigaría uno de los sectores claves del empleo como es la construcción.
La situación actual del país requiere incrementar la inversión en proyectos productivos en nuestras zonas rurales y si alguna justificación tiene un impuesto como el IVA es que parte de sus ingresos se destinen correctamente al campo.
Cada día es más evidente la urgencia de atender a la población joven de escasos recursos que quiere acceder a la educación superior, porque tenemos que consolidarnos como sociedad del conocimiento ávida de emprendimiento e innovación para el desarrollo empresarial y la ampliación de nuestro comercio exterior generador de divisas.
Si logramos que los dineros de los impuestos vayan a la educación y lleguen a más personas de los estratos 1, 2 y 3, es allí donde el emprendimiento y toda una serie de actividades productivas distintas a las acostumbradas van a poder estimular la generación de ingresos y el empleo, que a su vez son la mejor política social que se pueda aplicar en un país como el nuestro. Lo cual al mismo tiempo reduce la presión de la asistencia que debe brindar el Estado a través de los subsidios.
Fui partidario del triunfo del Sí en el plebiscito, pero habiéndose dado una coyuntura política diferente considero que es justo el refrán de que no hay mal que por bien no venga. Razón por la cual hay que ajustar dentro del menor impacto negativo posible el acuerdo inicial con las Farc, que en ese contexto será una mejor referencia para el proceso que debe comenzar con el ELN.
El gran respaldo de la comunidad internacional a la paz que se traduce en fondos de cooperación y mayor apertura al comercio, con notable interés en inversiones que desde Colombia apuntan a Latinoamérica, merece la reflexión inevitable respecto de su incidencia en el futuro de nuestra Nación. Es una confianza que no podemos ni debemos traicionar.
Las regiones en Colombia se están recomponiendo gracias a las herramientas que entregó la Constitución de 1991 y los desarrollos legales posteriores, además de los esfuerzos que se han hecho y se hacen en términos de infraestructura para mantener la competitividad y la productividad desde las costas a la luz de la globalización y los acuerdos de libre comercio con los países desarrollados. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta son fiel ejemplo de ello.
Examinando lo que nos ocurre, es bien afortunada la reciente elección de los nuevos Fiscal General y Procurador General de la Nación por parte del Congreso de la República. Como lo es también la decisión judicial que deja en firme la escogencia del Contralor General de la República. Tres organismos de control que son la base de la moralización nacional en relación con lo punitivo, lo disciplinario y fiscal. Es decir, son esenciales para combatir la corrupción.
La práctica corrupta en esferas públicas y privadas se nos ha vuelto un mal peor que la violencia, por sus efectos devastadores en los planes para la vida y la seguridad social. Los 24 o más billones de pesos que se van para cuentas de los corruptos serían suficientes para no pensar en reformas tributarias lesivas, luego es imperativo controlarla a como dé lugar.
Hoy más que nunca la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deben unir esfuerzos para hacer de la lucha contra la corrupción no solo una fuente de rendimiento de los recursos públicos, sino una de las formas más efectivas de contribuir a la paz. Si los dineros están, es posible invertir en los pobres y eliminar la pobreza es árbol que da sombra a la reconciliación nacional. Si la corrupción crece y persiste, no habrá reforma alguna que pueda salvarnos como país ni como Nación.