el ente de control, a Procuraduría General de la Nación,
Señala el comunicado que la determinación disciplinaria también cobija a las señoras Jussica Catherine Barros Zúñiga y Claudia Sofía Meza Ochoa, jefe de la Oficina Jurídica y secretaria de Salud del departamento de La Guajira para la época de los hechos.
Los investigados, “al parecer permitieron la entrega de medicamentos y la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no cubierta con el subsidio a la demanda y los eventos no POS del Régimen Subsidiado, sin que mediara orden o contrato formal, con lo cual habrían incumplido los requisitos previos establecidos en el estatuto de contratación y sus decretos reglamentarios”, no obstante la necesidad.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, señala la Procuraduría, que la entidad que hizo el suministro, Drogas La Salud demandó al departamento de La Guajira por el no pago de las obligaciones contraídas por el suministro de medicamentos y adicionalmente, la entidad se vio obligada a sanear a través del programa de saneamiento fiscal y financiero, el no pago de la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable del régimen subsidiado.
La posible conducta de los entonces servidores fue calificada como gravísima a título de dolo, pues a juicio de Ministerio Público los implicados en este proceso disciplinario habrían advertido que no podían comprometer los recursos públicos sin fundamento contractual y, pese a ello, habrían permitido el suministro de medicamentos o servicios bajo esas condiciones.