Se debe superar la etapa de hallazgos e implementar acciones de inmediato en ComfaSucre

Por: María del Rosario Guerra

Senadora de la República del Centro Democrático

El pasado 12 de mayo en la Comisión Tercera de Senado, lideré un debate de control político a la Caja de Compensación Comfasucre en el que esbocé la situación por la que atravesaba la entidad y planteé la necesidad de una intervención responsable y cuidadosa que redefiniera su rumbo y contribuyera con su sostenibilidad a mediano plazo.

Revelé el gran riesgo de liquidación en el que está la Caja por el mal manejo financiero y politiquero; y presuntos hechos de corrupción. Igualmente expuse cómo se ha incumplido el manual de contratación y las debilidades de su sistema contable, el uso de recursos propios de la caja (subsidio familiar) para pagar a proveedores de la EPS-S  e incluso, las inadecuadas instalaciones para la prestación de servicios de educación.

Es más, expuse denuncias del equipo administrativo e interventor -en la vigencia 2014- que incluían hurto y abuso de confianza relacionados con bonos de pignoración por $667 millones y peculado por extensión en interventoría del Banco Agrario. Y, sobre la actual administración, expuse duplicación de objetos en gran número de contratos, sin claridad en los objetivos.

Pero hoy, con profunda tristeza, debo reconocer que nos quedamos cortos. Hace unos pocos días la firma KPMG Advisory Services SAS presentó en Sincelejo –a la asamblea de afiliados- un informe de auditoría en el que reveló más irregularidades ocurridas entre los años 2011 y 2013.

He aquí algunas perlas:

 Irregularidades en 23 contratos -por más de 7.935 millones de pesos- que no tienen solicitud de contratación.

• 51 pagos por valor de 238 millones de pesos por concepto de comisión por evaluación de resultados, pagados “al directivo número uno de Comfasucre“. Sin metodología para evaluar dichos resultados.

• Pagos por más de $971 millones por concepto de gastos de combustible.
• 16 millones de pesos pagados con tarjeta de crédito del Banco Bogotá, que no correspondían al tipo de actividad de Comfasucre.

 Gastos en llamadas al exterior; y en telefonía móvil y fija por 331 millones.

¿Dónde estaban entidades como la Superintendencia de Subsidio Familiar que permitieron que estas irregularidades hicieran carrera en la Caja de Compensación de Sucre “Comfasucre”?

¿Cuánto debe esperar la comunidad para que le presten los servicios, la atención, el respeto y la calidad  que se merece?

¿Cuánto dinero más tiene que perderse en bolsillos de corruptos para que el gobierno tome cartas en el asunto?

Si bien en el momento del debate –hace casi 2 meses- no hubo respuesta a las inquietudes planteadas, espero que ahora las haya. Pudimos quedar cortos con los hechos y preocupaciones, pero luego de la auditoría es claro que no podemos quedarnos cortos en las soluciones.

Se debe superar la etapa de los hallazgos e implementar acciones inmediatas para no dejar morir a una entidad que como Comfasucre -bien manejada con eficiencia, diligencia, austeridad y probidad-, contribuye al bienestar de Sucre.

Si bien los recursos de esas entidades no son del Estado, sí son de los trabajadores y por supuesto de la sociedad, porque manejan partidas gubernamentales para proyectos sociales de vivienda, salud y educación. Así, con mayor razón deben dar cuenta de su gestión y resultados.

La inoperancia de las entidades y funcionarios a cargo no puede costarle a Sucre la pérdida de la única caja de compensación con cobertura en el departamento, y de la poca institucionalidad de la que disponen los empresarios, para que sus trabajadores y familiares mejoren su calidad de vida.