Presidente Santos sanciona ley de víctimas de ataques con ácido en la que también se eliminan beneficios judiciales o administrativos y se ordena formular una política integral de atención a los atacados.
Bogotá, 6 enero de 2016.- El Presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de víctimas de ataques con agentes químicos, ácido o sustancias similares, con la cual se tipifica como delito autónomo dicha conducta, aumentan las sanciones para los responsables y elimina distintos beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
El proyecto, tanto el primero como el segundo es de autoría del Movimiento Mira, quien se dio a la tarea con la ex representante Gloria Stella Díaz, a raíz de los actos criminales que se venían cometiendo contra la mujer en este sentido, por lo que elaboró y promovió al interior de las bancadas en el Congreso, en busca del apoyo de los demás congresistas y se logró.
Este segundo proyecto que incrementa las penas fue presentado por el representante, Carlos Guevara de Movimiento Mira, igualmente se debatió con la presencia de varias mujeres víctimas de estos actos criminales, y al igual que el anterior, este proyecto se debatió en la legislatura que terminó, también Guevara buscó el apoyo de sus compañeros y compañeras en el Congreso y lo logró amplíamente.
De acuerdo con la ley sancionada, la pena para los responsables de ese delito sube de 150 a 240 meses de prisión si la conducta es simple; de 251 a 360 meses de prisión si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima; y se aumenta la pena hasta en una tercera parte si la conducta conlleva deformación del rostro.
Se prevé que el homicidio agravado (cuando la conducta sea cometida con sevicia) y las lesiones causadas con ácido no gozarán de los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena, de prisión domiciliaria, y de ningún otro de carácter judicial o administrativo.
La ley sancionada entrega al Gobierno Nacional la responsabilidad de formular en un plazo de 6 meses a la expedición de la ley, una política pública integral a las víctimas de ataques con ácido y otras sustancias químicas, garantizando el acceso a la atención médica y sicológica integral.